Por Mario Alfonso Murillo*
Los espacios vacíos en el Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, ofrecen una dramática, por no decir dolorosa, introducción al nuevo gobierno de derecha del país. Varias decenas de objetos relacionados con el proceso de paz con la guerrilla del M-19, la histórica Constitución de 1991 y los movimientos sociales y la lucha por los derechos LGBTQ, junto con otras piezas de la compleja historia del país, han desaparecido de la vista del público. Entre esos objetos figuraban un afiche de campaña de Carlos Pizarro, un brazalete del movimiento político surgido de la desmovilización del M-19 y la papeleta estudiantil vinculada al proceso constituyente que dio origen a la Constitución de 1991.

Una protesta ciudadana
El inesperado retiro de estas piezas de exhibición provocó una protesta ciudadana espontánea frente al museo a mediados de octubre. Allí se congregaron cientos de personas indignadas, con carteles que decían: «¡La poesía es necesaria, la dominación militar no!» y «Somos artistas, no terroristas».
Como era de esperarse, los manifestantes pronto se encontraron frente a policías antidisturbios fuertemente armados que, con tácticas de mano dura, bloquearon la entrada al museo: una demostración de fuerza destinada a dejar claro quién tenía ahora el control.

Una lucha sobre la historia
Apenas tres meses después del inicio de la presidencia de Abelardo de la Espriella, la disputa sobre quién tiene cabida en la historia del país se ha convertido en una lucha sobre quién tiene derecho a cuestionar abiertamente su rumbo actual.
Esta es apenas una de las múltiples decisiones concretas de política pública tomadas por De la Espriella que indican que el primer presidente republicano de la historia de Colombia está adoptando de lleno el modelo MAGA mientras se instala en su nuevo despacho presidencial.
Sí, en serio.

Vínculos estrechos con conservadores de EE.UU.
Las conexiones de De la Espriella con el Partido Republicano estadounidense son concretas y extensas. Ciudadano estadounidense por naturalización desde 2023, ha hecho donaciones a la representante republicana por Florida María Elvira Salazar y ha respaldado públicamente su reelección. Se ha reunido en varias ocasiones con el senador colomboestadounidense Bernie Moreno, republicano por Ohio, incluso cuando Moreno visitó Colombia durante la segunda vuelta electoral con el propósito expreso de apoyar su candidatura, algo que algunos críticos consideraron una injerencia directa de Estados Unidos en el proceso electoral.
Las publicaciones del nuevo presidente en redes sociales durante la campaña incluían imágenes de él y su familia ondeando orgullosamente la bandera de las barras y las estrellas mientras lucían gorras MAGA. No es ningún secreto que el presidente colombiano se ha convertido en un participante activo y vocal de la política partidista de su país de adopción, al tiempo que acerca cada vez más a Trump a su país natal.

Haciendo suyo el modelo MAGA
Parece decidido a hacer suyo el modelo de gobierno MAGA, pero con un marcado sabor criollo. El peligro es que, en el contexto colombiano de violencia política generacional, las consecuencias podrían ser muy graves para los sectores que las sufran.
El estilo teatral, exagerado y estridente de De la Espriella facilita vender la relación bilateral con Estados Unidos a sus entusiastas seguidores. El personaje del «Tigre» rugiente que ha adoptado, las amenazas retóricas grandilocuentes y las reprimendas públicas melodramáticas contra sus detractores recuerdan la actuación estereotipada de un actor de segunda que interpreta a un caudillo omnipotente en una narconovela de bajo presupuesto. Como antiguo abogado defensor de acusados de narcotráfico y paramilitarismo, ha tenido tiempo de sobra para ensayar el papel que hoy representa en un escenario mucho más grande.

Espectáculo para las redes
Ha posado para las cámaras junto a cadáveres en bolsas mortuorias y prisioneros esposados, trofeos de su autoproclamada guerra contra los «narcoterroristas». El mando militar se convierte en una oportunidad para crear contenido, con el presidente —vestido de uniforme verde militar y con un radioteléfono en la mano— en el papel de protagonista indispensable.
Este espectáculo circense transmite un mensaje político deliberado. Más de 12 millones de colombianos respaldaron a su contrincante, el senador de izquierda Iván Cepeda, en la segunda vuelta de junio. Fue la elección más reñida de la historia de Colombia. Esa victoria por un margen extremadamente estrecho le dio la presidencia a De la Espriella y, al igual que ocurre con Trump, sus actuaciones, ampliamente difundidas por los medios, invitan al público a confundir ese triunfo con una licencia para dominarlo todo. El sello de aprobación de Washington ayuda a proyectar poder sobre un país que sigue profundamente dividido.

Compromisos materiales con EE.UU.
En septiembre, el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller colombiano Omar Bula firmaron en Barranquilla, ciudad de la costa caribeña, memorandos sobre minerales críticos y cooperación nuclear civil. Las noticias sobre el encuentro situaron la iniciativa en el marco de la competencia de Trump con China y de los esfuerzos de Washington por asegurar el abastecimiento de minerales estratégicos, especialmente a través de sus obedientes vecinos del sur.
Los documentos firmados en Barranquilla establecen un marco no vinculante para la cooperación técnica, la inversión y el procesamiento de minerales. Los dirigentes de la oposición en el Congreso, excluidos de toda consulta durante este proceso, sostienen que la ciudadanía merece saber cómo participarán las comunidades cercanas a los proyectos propuestos, qué protecciones ambientales se aplicarán y quiénes se quedarán con los beneficios. Hasta ahora, nadie lo sabe a ciencia cierta, y De la Espriella no tiene prisa por explicarlo.

Desde la extracción a la militarización
Como si la colaboración extractiva con Washington no fuera suficiente, el alineamiento estratégico en materia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia es aún más explícito y alarmante. Durante una intervención en Panamá en agosto, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció que Colombia había solicitado la participación de Estados Unidos, autorizando «operaciones militares conjuntas para destruir a terroristas y redes terroristas». Colombia también se sumó a la coalición regional contra los carteles liderada por Estados Unidos, conocida como la Espada de las Américas. Quienes cuestionaron estos anuncios —legisladores de izquierda, analistas políticos progresistas y defensores de derechos humanos— centraron sus críticas en la soberanía nacional y en la función constitucional del Senado de autorizar la presencia de tropas extranjeras.

Manipulación del lenguaje
El anuncio de Hegseth deja clara la disposición del gobierno colombiano a invitar a Washington a asumir un papel militar más amplio en sus asuntos estratégicos internos, una tendencia que ya hemos visto en Ecuador, Perú y El Salvador.
La caracterización del enemigo declarado como «narcoterrorista» hace que esa invitación parezca sencilla e incluso justificable. Sin embargo, cabe señalar que las fuerzas de seguridad y los funcionarios del gobierno colombiano han empleado reiteradamente el término «narcoterrorista» durante casi 40 años para poner deliberadamente en la mira a dirigentes de la oposición y de movimientos sociales, defensores de derechos humanos e incluso periodistas independientes. La probabilidad de que esta historia represiva se repita hoy es muy alta, dada la actual dirigencia beligerante tanto en Washington como en Bogotá.

Aplaudiendo bombardeos ilegales
Si a ello se suma el aplauso público de De la Espriella a los bombardeos ilegales de las fuerzas estadounidenses contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, ataques que han causado más de 235 muertes desde octubre del año pasado, las actuales reglas de uso de la fuerza sobre el terreno configuran el peor escenario que hubiéramos podido imaginar quienes hemos luchado contra la intervención militar directa de Estados Unidos en Colombia.
No cabe duda de que la crisis de seguridad que heredó De la Espriella es real y de que, en buena medida, contribuyó a su victoria electoral. La política de «paz total» del expresidente Gustavo Petro no logró frenar la expansión de las organizaciones armadas por todo el país. Las comunidades rurales siguen padeciendo desplazamiento, extorsión y reclutamiento de menores, pese a los esfuerzos sinceros de Petro por negociar con distintos grupos armados y criminales durante su mandato.

Reactivando otro ciclo de violencia
Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que no hay garantías de que una escalada militar logre darle seguridad al país. En el pasado, las ofensivas y la captura de jefes de grupos armados provocaron la fragmentación de esas organizaciones, lo que generó nuevas guerras por el control territorial, cada vez más extendidas, mientras que los bombardeos y las detenciones masivas dejaron numerosas víctimas civiles y otras violaciones de derechos humanos.
Las propuestas de De la Espriella de intensificar la erradicación de coca, los bombardeos aéreos y las extradiciones corren el riesgo de reactivar los conocidos ciclos de violencia que han marcado la historia colombiana desde la década de 1950. Las personas que viven bajo la coacción de actores armados en zonas de alta conflictividad necesitan un conjunto de protecciones y garantías.

La resistencia sale al frente
La resistencia ya ha complicado los planes del gobierno colombiano. Por ejemplo, un juez ordenó proteger los objetos retirados del Museo Nacional y prohibió nuevos retiros mientras se revisa el caso.
El 14 de octubre, sindicatos, estudiantes y organizaciones indígenas salieron a las calles de ciudades grandes y pequeñas de todo el país para pronunciarse contra las imposiciones autoritarias de De la Espriella. Ya se prepara una convocatoria más amplia a un paro nacional en noviembre. La represión podría agudizar la confrontación, especialmente si las autoridades de seguridad tratan la resistencia a las políticas económicas, culturales y sociales como un problema de seguridad.
Un presidente que trata esas exigencias como obstáculos a su autoridad le está dando al país motivos de sobra para resistir.

Mario Alfonso Murillo es profesor de periodismo radiofónico, estudios de medios y estudios latinoamericanos, y se desempeña como vicedecano de la Escuela de Comunicación Lawrence Herbert. Es autor de Colombia and the United States: War, Unrest and Destabilization (Seven Stories, 2004).